La discriminatoria ley votada en Arizona contra los inmigrantes ilegales puso de relive el grado de hipocresía y esquizofrenia que sufre esa sociedad, exacerbada por la crisis. Esta nota de Oppenheimer señala correctamente algunos datos básicos y oculta otros.
Primero, no habría nada malo en exigir que los inmigrantes entraran legalmente a Estados Unidos, pero el problema es que no les está permitido hacerlo. Entran ilegalmente porque no pueden entrar legalmente. Las actuales leyes inmigratorias datan de hace más de veinte años, cuando la demanda estadounidense de trabajadores no calificados y altamente calificados era mucho más pequeña que la actual.
El mercado laboral estadounidense demanda hasta 500.000 trabajadores no calificados por año, mientras que el actual sistema inmigratorio sólo autoriza 5.000 visas permanentes para esa categoría, según el Foro Nacional de Inmigración, una organización pro reforma inmigratoria en Washington.Lo que no dice la nota es que la existencia de una masa de trabajadores privados de derechos laborales permite a los empleadores mantener los salarios en su conjunto bajo control.
Otras dos razones invocadas por la nota a favor de la legalización de los inmigrantes fueron discutidas en el sitio norteamericano de izquierda Coto Report:
En segundo lugar, deportar a 10 millones de residentes indocumentados no sólo sería increíblemente costoso sino también impracticable, a menos que queramos convertir a Estados Unidos en un Estado policíaco. Por razones de seguridad nacional y para evitar que los indocumentados se abstengan de reportar crímenes, o de rescatar a un accidentado en la calle, sería mucho mejor poder saber quiénes son, dónde viven y pedirles cumplir una serie de requisitos –incluyendo el aprendizaje del inglés y el pago de impuestos– para regularizar su estatus.
Si el mercado libre norteamericano necesita a todos esos inmigrantes, semejante deportación sería impracticable y el deseado control sería contradictorio con esa necesidad (de trabajadores baratos).
En contraste con este panorama, el gobierno argentino acaba de reglamentar una ley de inmigraciones que reemplaza la vigente desde la dictadura, asegurando el derecho a la salud y la educación de trabajadores inmigrantes en curso de regularización. Y un detalle: eleva de 100 mil a un millón y medio de pesos el monto requerido a un inversionista (teléfono para Monzer al-Kassar).
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